Un saludo a todos aquellos a quien les interese o preocupe el respeto a la privacidad. A vuestra disposición, para cualquier pregunta.

Nadie tiene por qué conocer los contenidos de conversaciones de otros si estos no lo saben y lo aceptan. A primera vista, esta práctica no es nada respetuosa con la privacidad de los ciudadanos.
Sobre la segunda cuestión, lamento no poder aportar luz, porque desconozco los efectos de esa situación.

En este momento no estamos en condiciones de calificar a unas u otras redes como más o menos seguras. La AEPD está analizando algunas de las principales redes sociales y esperamos aportar indicaciones útiles en el futuro. Sin embargo, respecto de todas ellas, tenemos una cierta preocupación. Porque los usuarios desconocen muchísimas cosas de cómo funcionan. Los ciudadanos no saben que los contenidos que crean pasan a ser propiedad de la red (fotografías, por ejemplo). Los ciudadanos tienen serias dificultades para cancelar sus cuentas y perfiles cuando lo desean. Los ciudadanos desconocen que parte de la información que aportan en su perfil de la red es plenamente compartida por el conjunto de los usuarios de la red en 4 de cada 10 casos (y hay redes como Facebook que tienen 130 millones de usuarios, o MySpace, con 115, o Tuenti, con más de 2 millones). Además, los usuarios no saben que muchas veces los buscadores de Internet (Google) pueden recuperar la información de los perfiles y ponerla a disposición de todos los internautas. Etc. Etc.

Como es sabido, la AEPD ha recurrido, al igual que el Fiscal General del Estado, esa primera sentencia ante el Tribunal Constitucional en amparo. Esperamos que alguno de estos recursos prospere y que finalmente se mantenga un concepto de fichero de datos como el definido tradicionalmente por el Tribunal Constitucional.
No obstante, mientras que esto no ocurra, la AEPD está aplicando esta doctrina del Supremo y desestimando las peticiones que recibimos de los ciudadanos para cancelar sus datos en los libros de bautismo.

Como todos los servicios de Internet, ofrecen unas posibilidades extraordinarias en la sociedad de la información y del conocimiento. Su éxito es indudable. Hace apenas dos años nadie hablaba de redes sociales y hoy sabemos que, por ejemplo, Facebook tiene 130 millones de usuarios. Dicho esto, como la mayor parte de los servicios de Internet, plantean riesgos y problemas. En particular, para la intimidad de los ciudadanos, de los usuarios. Y, por ello, los propietarios de estas redes tienen una relevante obligación de evitarlos.

El 43% de los usuarios de Internet tienen abierto su perfil a todos los usuarios de la Red. Y no sólo a sus amigos o a los amigos de sus amigos. Y eso se debe a que las redes aplican por defecto el máximo nivel de publicidad en la información. Esto es un problema, porque si fuese al revés, los usuarios seguramente no decidirían voluntariamente abrir sus perfiles a tanta gente. Y, además, los motores de búsqueda, muchas veces, recuperan esa información para ponerla a disposición del conjunto de los internautas. El mejor consejo: escoger el nivel más alto de seguridad de la privacidad y evitar dar datos excesivos. Por ejemplo, fotografías, direcciones personales o números de teléfono.

Esta práctica no es ilegal si se ha recabado la autorización de los clientes. Muchas veces, autorizamos esta cesión de datos sin ser conscientes de ello. Porque no nos oponemos al uso de esos datos. A parte de esas posibles prácticas legales, hay otras que, obviamente, vulneran la legislación vigente y la agencia las persigue y sanciona.

Todas las empresas deben dejar de usar los datos personales cuando concluyen las razones para las que se obtuvieron. Pero ello no quiere decir que tengan que borrarlos. Pueden mantenerlos durante el tiempo que sea necesario para probar alguna reclamación judicial. Pero sólo a estos efectos. Y, por ejemplo, también pueden seguir haciendo ofertas comerciales si el usuario no se opone.

Sentimientos ecológicos compartidos. Las transacciones bancarias son todavía más seguras en Internet y, desde luego, la firma electrónica contribuirá con su implantación general a garantizar esa seguridad en Internet. No existe ningún certificado que garantice la seguridad de suministro de datos en una web y, desde luego, las políticas de privacidad, o los avisos legales de la web, ayudan muy poco a que el usuario tenga un conocimiento cetero, porque, o son de difícil acceso, o son de difícil comprensión. Cualquier ilegalidad que se detecte en el uso de los datos personales puede denunciarse ante al AEPD y la agencia inspecciona y, en su caso, sanciona. Anualmente realizamos unas 1.300 inspecciones y las sanciones de los últimos años rondan las 500 anuales.

Sencillamente, con prudencia, información y consciencia en el uso de Internet al proporcionar datos personales. Demasiadas veces, los usuarios banalizamos los riesgos de Internet y proporcionamos información personal alocada, compulsiva e inconscientemente.

Para enviar correos electrónicos que tengan interés comercial, usted debe contar con la autorización expresa de a quien se dirige. En caso contrario, está realizando spam e incumpliendo la ley. Esta es la condición básica. No es necesario registrar nada ante la AEPD. Salvo que usted tenga un fichero de datos personales acumulados y, en ese caso, sí.

Es verdad que las empresas siguen poniendo difícil el derecho de todo ciudadano a cancelar información personal. Tienen la obligación de hacerlo fácil y gratuitamente. En caso contrario, incumplen la ley.
Su preocupación por las llamadas publicitarias es compartida por todos los ciudadanos y es un serio problema de invasión de la intimidad familiar. Pero, salvo que se haya obtenido el número de teléfono ilegalmente, es un problema de derechos del consumidor. Aunque no seamos muy conscientes, la mayor parte de las veces, el número de teléfono se ha obtenido con nuestro consentimiento "tácito". Y muchas de las llamadas a móviles se realizan aleatoriamente por parte de las propias operadoras de telecomunicaciones, lo que es una práctica claramente intrusiva que afecta a los derechos de los consumidores.

Si esos ficheros están todos ellos automatizados, no planteará problemas garantizar los derechos de rectificación o de cancelación.

Nadie puede colgar una fotografía sin su consentimiento. Ni en las redes sociales ni en ningún otro entorno de Internet. Diríjase a Facebook para que las suprima y, en caso contrario, denúncielo a la Agencia. (No será la primera persona que lo hace).

Las cámaras se pueden instalar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Pero, informando a los trabajadores de su existencia y evitando situarlas en espacios "íntimos" (baños, vestuarios...) Puede ocurrir que también sea necesario instalarlas por razones de seguridad, pero también es necesario advertir a quienes acceden a la empresa mediante carteles informativos. Estas son las reglas.

Usted no podrá usar esos correos electrónicos para hacer ofertas comerciales sin la expresa autorización de sus titulares. En el resto de los supuestos, si no obedece a ninguna finalidad conservarlso, lo lógico es destruirlos.

Totalmente cierto. Esa previsión se incluye en una ley aprobada en octubre de 2007 que obliga a identificarse a los usuarios de tarjetas prepago. Y los efectos que se apuntan estas descritos en la ley.

Usted puede acceder a nuestra web: www.agpd.es. En ella encontrará una guía de uso de Internet por los menores y un reciente estudio sobre los riesgos para la privacidad de las redes sociales. Con esa información, alguna orientación podrá proporcionar. No obstante, los riesgos para la privacidad en Internet deberían merecer a las autoridades educativas un tratamiento más intenso e incluirlo como contenidos en los planes oficiales de formación, al igual que hoy se enseña informática.

Si las cámaras son legales, usted no podrá evitar que le graben. Ahora bien, para que sean legales, si las instala un particular, es necesario que las instale una empresa de seguridad de forma proporcionada, sin excesos, y se avise a los ciudadanos de que se les está visionando o grabando. Estas son algunas de las garantías básicas.

En primer lugar, incorporar filtros en los ordenadores para evitar accesos indeseados a páginas web (lo cierto es que es una práctica muy escasa). Segundo, acompañar a los hijos en el uso de Internet: orientarlos, ayudarles, aconsejarles. Tercero, más práctico: Colocar los ordenadores en un lugar visible de la casa.

Las multas de la AEPD se ingresan en el Tesoro Público. Y, en parte, financian el presupuesto de la AEPD, aunque la AEPD no decide su presupuesto, si no el Parlamento. De los 20 millones de euros en multas del 2007, 11,5 fueron destinados a este fin.

Lamento decirle que posiblemente usted sí que ha consentido en el uso y cesión de esos datos a esas empresas cuando las empresas de las que ustede es cliente le facturan periódicamente y le incluyen un boletín en el que le advierten que caso de no enviarlo a la mencionada empresa dejando constancia de su oposición, sus datos personales serán utilizados, o cedidos, para determinadas finalidades de márketing en algunos sectores. Así lo permite la legislación vigente, aunque para muchos ciudadanos el consentimiento no debería ser tácito, sino expreso, para mejor garantizar sus datos personales.

Gracias por vuestro interés y preocupación que es ampliamente compartido por muchos otros ciudadanos en esta era digital que tantas posibilidades nos ofrece, pero que tanta consciencia y prudencia requiere.