Buenos días. Estoy en los estudios de Torrespaña y encantado de poder hablar con todos vosotros.

Personalmente, creo que no. Es cierto que hará falta explicar en muchos casos la particularidad de que los jueces de instrucción españoles averiguan los delitos y buscan pruebas pero ellos no juzgan. Pensamos establecer con mayor claridad el principio de subsidiariedad. Esto es, que cuando se inicia una investigación en otro estado democrático, se debe esperar a lo que allí se resuelva.
Creo que en todo caso la última palabra la deben tener los jueces, que han de hacer una interpretación prudente del principio de jurisdicción universal.

La justicia de este país es tan justa como la vida misma. Nadie ni nada es perfecto. Desde el ministerio trabajamos, en todo caso, para que sea mejor.

No tengo duda sobre la profesionalidad e independencia de los jueces. Y, por tanto, estoy convencido de que aplicarán con rigor la ley.

La nueva Oficina Judicial persigue que los jueces se dediquen exclusivamente a aquello que la Constitución les atribuye. Es decir, juzgar y ejecutar lo juzgado. Mientras que el resto de las tareas de administración y tramitación de los juzgados y tribunales corresponderá a los secretarios de Justicia y al resto del personal al servicio de la misma. Con ello, admnistraremos mejor los recursos materiales y personales, ahorraremos tiempo y conseguiremos una Justicia más ágil.

Porque el estado democrático no ejerce la venganza, aplica la ley. Nuestra Constitución, en coherencia con ello, no permite condenas penales que no se orienten a la reinserción. Y es claro que la cadena perpetua excluye esa posibilidad. Sin embargo, en España existen condenas de muy larga duración (hasta 40 años) y de cumplimiento efectivo, algo mucho más duro que en otros países que formalmente tienen cadena perpetua.

Probablemente, siendo tan franco y tan directo como tú. Al fin y al cabo, hay mucha buena gente en el mundo. Todos tenemos nuestras pequeñas fobias, pero no merece la pena vivir pendiente de ellas.

Creo que sí. Desde mi nombramiento como ministro, hemos establecido varias mesas de trabajo con las asociaciones judiciales y una de ellas está dedicada expresamente al tema de la modernización de la Justicia. Como estoy seguro que sabe, el Consejo General del Poder Judicial también se ha sumado a este esfuerzo modernizador. Todos estamos caminando en la misma dirección.

Estamos trabajando de forma firme y decidida. Hemos tomado medidas para parar el golpe y ahora lo importante es acertar acerca del nuevo modelo de crecimimento económico que queremos para España.

Los recursos públicos siempre son escasos. Nuestro deber como gestores de esos recursos es administrarlos con rigor para conseguir el mayor nivel de eficiencia y eficacia. Estoy seguro que con el incremento presupuestario previsto para los próximos tres años (¡pasaremos de 130 a 600 millones de euros!) daremos un paso de gigante en esta materia. Es la mayor inversión hecha en Justicia durante toda la democracia.

No existen servicios públicos infalibles. Tampoco existen personas infalibles, aunque éstas sean jueces. Tal condición dicen que está reservada a los dioses. Debemos, en efecto, combatir el error judicial y hacer todo lo posible para que este no se produzca. Ahora bien, no podemos olvidar que todos somos personas y todos cometemos errores.
La Justicia no es una tabla de cálculo. Decidir sobre la vida y la hacienda de los demás nunca es una operación matemática. Detrás de cada caso siempre hay personas.

Creo que el PP tiene una buena ocasión para reflexionar acerca de la conveniencia de que la instrucción recaiga en el fiscal y no en el juez. Quien averigua el delito no debe ser la misma persona que tiene el cometido de garantizar los derechos del imputado. Por tanto, pienso que el PP, más que dirigirse contra un juez en concreto, debe sumarse a quienes consideramos que es hora de modificar la ley de enjuiciamiento criminal. Una ley que nos afecta a todos.

Internet, como cualquier otro medio de comunicación, es un soporte para el ejercicio de la libertad de expresión y de información. Pero esta libertad, tan importante, debe seguir siendo compatible con otros derechos también fundamentales de los ciudadanos (intimidad, honor...) y con derechos y bienes constitucionales imprescindibles para la convivencia pacífica a (protección de la infancia, sanción de la apología del terrorismo...)

Por tanto, debe mantenerse como un espacio de libertad, pero sometido a ciertas reglas. Una Internet absolutamente libre y sin límites de clase alguna sólo sería útil a Robinson Crusoe. Y él, como sabe, vivía solo en una isla.

Por tanto, estoy a favor de que se haga con todas las garantías, fundamentalmente a través de una orden judicial. Pero, a veces, es necesaria una intervención administrativa previa que después pueda ser controlada por los jueces.

Primero, me parece que desconoces la reincidencia, que es una causa de agravante penal que sí te llevaría a la cárcel en tu ejemplo. El Código Penal de un país responde a las necesidades de los ciudadanos que viven en él. Y por eso su regulación y aprobación es algo que la Constitución reserva al Parlamento. Diría más: el origen del Parlamento fue precisamente el de establecer los límites de la libertad personal y el ejercicio del derecho punitivo del Estado. En este momento, estamos tramitando un nuevo Código Penal que pronto remitiremos al Parlamento. Será él quien tenga la última palabra.

Porque la sociedad se mueve todavía a mayor velocidad. Las transformaciones que experimentamos a diario son de una magnitud enorme. En el ámbito de las nuevas tecnologías, en el del lenguaje, en el de las relaciones humanas, en la cultura, en la lucha contra la delincuencia... Son esos cambios sociales los que tienen que ser llevados a la ley, pues ésta es la que establece nuestras reglas de convivencia.

Estamos en ello. Hemos analizado esta cuestión particular y ya hemos encontrado la fórmula más conveniente para instrumentarla.

La Justicia española no puede nunca tomar la iniciativa. Sólo resuelve aquellos asuntos que le son planteados por los ciudadanos, sean españoles o de cualquier otro lugar del mundo. De no ser así, la Justicia española perdería su imparcialidad. Por eso, la cooperación jurídica internacional en materia de Justicia se realiza bien a través del ministerio que dirijo, o bien a través de organizaciónes internacionales.

Los representantes de los ciudadanos están pendientes de llevar a cabo su trabajo con rigor y atendiendo a la voluntad manifestada por sus electores. Las imágenes de los hemiciclos parlamentarios son a menudo injustas en España y en cualquier otro país democrático. Los diputados y senadores no sólo trabajan en el Pleno. Antes de ese momento despliegan una importante actividad en las comisiones y en la ponencia a través de las cuales se tramitan las leyes. Presentan enmiendas, las discuten, reciben a colectivos afectados, hacen públicas ante los medios de comunicación sus posiciones al respecto... Y todo ello forma parte imprescindible de su tarea como representantes políticos. Por eso, no se les puede juzgar sólo a partir de las imágenes que se emiten de las sesiones del Pleno de las cámaras.

Los procesos de modernización de la Justicia nos afectan a todos. La fe pública judicial debe ser un ámbito reservado a los secretarios judiciales, pues es algo inherente al ejercicio de su función. Ahora bien, garantizar esa fe pública en la España del siglo XXI es algo muy distinto de cómo se hacía en la España del siglo XIX. Por tanto, defendemos la fe pública pero creemos que, para garantizarla, no es imprescindible que siempre y en todo caso los secretarios de justicia tengan que estar presentes en las vistas. Sobre todo cuando ésta se está grabando a través de soportes digitalizados cuyo control sí debe corresponderle a ellos.

En cuanto al pretendido malestar de la profesión, he tenido la oportunidad de hablar con las distintas asociaciones que representan a los secretarios de justicia. Y me consta su apoyo firme al proyecto de Ley de la nueva Oficina Judicial. Estoy convencido de que también este colectivo se sumará al proceso de modernización de la justicia que todos queremos para España.

La última.
En Europa, existe el canon como forma de compensación de los derechos de autor. Y, de hecho, nuestra regulación es en parte proyección de normativa europea. En todo caso, el canon no atenta contra la presunción de inocencia, lo que sí permite es que como usuarios podamos tener copias privadas sin que ello constituya un delito, como sin embargo ocurre en todos aquellos países donde no existe el canon. Por tanto, para que un ciudadano español pueda copiar un cd de música que ha comprado porque quiere tener otro para su uso en el coche, es necesario el establecimiento del canon.
El canon responde a un equilibrio. La copia privada debiera estar siempre prohibida para defender los derechos de autor. Sin embargo, no parece razonable perseguir a todos los ciudadanos porque repliquen para su propio uso algo que han comprado. Por eso la ley presume que toda persona 'va a hacer, puesto que puede hacerlo' esa copia privada. Yo tuve que ver con la elaboración de esta ley, la conozco bien, y le aseguro que es una norma equilibrada. Cosa distinta es que se prefiera otra solución.

Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestras preguntas. Este mi primer encuentro digital ha sido una gratísima experiencia que espero poder repetir. Y espero haber satisfecho vuestras dudas. Gracias a ellas, tendré más información y más inquietudes para seguir trabajando por una Justicia mejor que es lo que todos queremos para España.